[vc_row bg_position=»left top»][vc_column][minti_image img=»15109″ lightbox=»1″ animation=»fade-in»][vc_column_text]
Movilidad Sustentable, Desafíos para la Argentina
Este informe es el resultado del trabajo del Centro de Tecnologías Ambientales y Energía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) para la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en su rol como socio de Climate Transparency.
El rápido proceso de urbanización iniciado en la segunda mitad del siglo XX a nivel mundial, trajo como resultado un incremento en el número de ciudades y de sus habitantes sin precedentes, y también múltiples retos, entre ellos el de la movilidad urbana. En la Argentina el proceso de urbanización alcanza valores especialmente altos, con el 92% de su población en zonas urbanas.
En las ciudades modernas las vías de circulación fomentan el transporte privado, en donde el automóvil particular es el instrumento central del sistema de movilidad. Esta evolución de la urbanización y de la movilidad urbana ha traído graves consecuencias ambientales y sociales: problemas de salud por la mala calidad de aire y ruidos, el uso del espacio público, problemas de accesibilidad, consumo de energía y, por supuesto, las emisiones de gases que contribuyen a la crisis climática.
Repensar la movilidad urbana para luego actuar en consecuencia requiere abordar estas problemáticas. Para lograrlo hay que redefinir el concepto de movilidad. La movilidad trata del movimiento armonioso de personas y mercancías, sin la participación necesaria del vehículo a motor. Emergen así con mucha fuerza las necesidades de mujeres, niños, adultos mayores, de personas con discapacidad, migrantes de culturas diversas, de pasajeros de automóviles, de usuarios de transportes públicos, y de los ciclistas. Se revelan así las necesidades diferenciales de una multitud de sujetos que participan y necesitan de la movilidad para trasladarse dentro de la ciudad y entre ciudades.
Cuando se habla de movilidad se hace referencia también a un conjunto de derechos vinculados a la circulación de las personas, entendida como un aspecto de la libertad humana. En consecuencia, aparece la responsabilidad social del Estado como protagonista para garantizar a todos una circulación digna y adecuada a las necesidades de cada sector y más allá de diferencias y desigualdades sociales. En la movilidad se pone en juego un conjunto de derechos económicos y sociales que requieren, para ser satisfechos, la aplicación de políticas públicas activas.
Más allá del rol del Estado, los ciudadanos tenemos mucho que reflexionar y muchos cambios individuales y colectivos que iniciar. Reflexiones que tienen que ver, por un lado, con las conductas y el apego a las normas y, por el otro, con la participación ciudadana.
Alcanzar un sistema de movilidad urbana que pueda considerarse sostenible requiere alcanzar simultáneamente un amplio abanico de objetivos diversos:
- Proteger tanto la naturaleza como la salud humana
- Ser parte integral de una economía sostenible
- Ser asequible para todas las personas
- Crear espacios urbanos más atractivos y saludables
- Promover mayor equidad social
- Generar empleos sostenibles y saludables
- Facilitar acceso y oportunidades para todos
- Facilitar la economía circular
En la Argentina, la movilidad urbana debe enfrentarse con una alta concentración de población en varias áreas urbanas, donde el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se destaca notablemente, concentrando más de un tercio de la población del país.
Las políticas encaminadas a la gestión del transporte se encuentran hoy enmarcadas en el Plan de Acción Nacional de Transporte y Cambio Climático que representa el conjunto de iniciativas que la Argentina tiene previstas para contribuir a reducir las emisiones de GEI. Para ello, este plan determina la estrategia a seguir, las medidas a implementar y los lineamientos concretos para alcanzar los objetivos.
Pero no sólo es cuestión de mirar lo que ocurre con las emisiones de GEI. El sector transporte en Argentina es el mayor consumidor final de energía del país con casi el 31% del total de energía primaria consumida en el año 2017. Esta energía está basada en el consumo de derivados del petróleo (gasoil, naftas y aerokerosene), gas natural comprimido y biocombustibles (biodiesel y bioetanol), El consumo de estos combustibles tiene su correlato en las emisiones de gases de efecto invernadero del sector, las que representan casi el 14% del total de GEI del país. El transporte carretero, fundamentalmente camiones y automóviles particulares, representa más del 90% de esas emisiones.
Además de la energía y las emisiones, uno de los impactos más terribles de un sistema de transporte deficiente es la cantidad de accidentes y otros daños que genera en la salud humana. La Argentina tiene un record en accidentes fatales que debería generar preocupación entre las autoridades.
Considerando que la movilidad eléctrica es parte de las medidas previstas en el Plan de Acción Nacional de Transporte y Cambio Climático (PANTyCC), en el marco de este trabajo se han elaborado distintos escenarios que incluyen, por un lado, el cambio modal de automóvil a autobús y, por otro, diferentes niveles de penetración de la movilidad eléctrica en el parque automotor de la Argentina, con el fin de evaluar sus impactos en materia de consumo de energía y de emisiones de GEI.
Los resultados muestran impactos significativos en términos de reducción del consumo de energía y de las emisiones sólo cuando se combina el cambio modal, con altos niveles de penetración de vehículos eléctricos, acompañados por una matriz eléctrica con alta penetración de energías renovables.
Estos resultados abren a su vez otras preguntas sobre el rol de las tecnologías y la explotación de los recursos naturales. Como se sabe, las baterías de los vehículos eléctricos, según la tecnología actual, requieren de litio para su fabricación. Un mineral que se encuentra presente en las salinas de la puna argentina, chilena y boliviana. En la actualidad, con sólo dos proyectos en operación, Argentina es el tercer productor de litio del mundo, detrás de Australia y Chile, y hay varios proyectos en etapas de operación y producción, construcción, factibilidad y exploración inicial.
Esto genera la necesidad de discutir el aprovechamiento del litio desde la perspectiva del desarrollo sostenible, analizando las implicancias económicas, ambientales y sociales en un pie de igualdad. Si bien sus cualidades hacen al litio un recurso muy valioso, es imprescindible no cometer el error de concentrar todos los esfuerzos al desarrollo de un recurso o de una tecnología, creando fuertes dependencias a un recurso natural o un desarrollo tecnológico específico. La transición energética es necesaria e ineludible, pero no se trata solamente de una cuestión tecnológica. Los patrones de consumo de la humanidad deben ponerse en discusión.
La transición hacia un sistema de movilidad sostenible en 2050 no ocurrirá por sí sola; requiere una amplia gama de políticas públicas. Hay más de un enfoque posible para lograr esto, pero todos deberían incluir al menos una combinación de medidas centradas en el comportamiento del usuario, por un lado, y en el cambio tecnológico y la innovación, por el otro. El rol del Estado, en sus diferentes niveles, es fundamental para diseñar una estrategia para alcanzar una movilidad urbana sustentable. Una estrategia de este tipo debe contener una serie de elementos, entre otros:
- Lograr que la movilidad sostenible sea la opción más atractiva, asequible y obvia
- Salir de la falsa «neutralidad tecnológica» y empujar aquellas tecnologías que contribuyan a lograr el objetivo
- Evaluar la rentabilidad en un contexto más amplio, integrando las dimensiones social y ambiental
- Asegurar una mayor participación ciudadana
- Usar regulaciones para garantizar y acelerar los cambios
La implementación de una estrategia en el sector tendrá barreras difíciles de vencer. Existen aún resistencias en muchas ciudades para lograr un equilibrio en el uso del espacio público; herencia cultural que refleja un modelo de vida, de producción, de consumo y de transporte, todavía no superados, y que alienta un crecimiento económico y material sin límites. Por otro lado, desde la política se evita asumir los conflictos que esto genera. Afortunadamente, aparecen movimientos y grupos de personas que comienzan a demandar un entorno más saludable, tranquilo y amable para las ciudades.
Por esto es que las herramientas de participación son clave para el avance en la consecución de estrategias de forma colaborativa, y deben dotarse financieramente con un presupuesto que permita desarrollar los trabajos técnicos necesarios para su implementación y seguimiento.
La vida en las ciudades requiere políticas apropiadas para el uso del espacio público y el diseño de la infraestructura y los servicios, entre ellos y el que nos ocupa, la movilidad. Conocer la relación entre la ciudad y su entorno, evaluarla con un enfoque integrado y analizarla a partir de la relación con los recursos naturales es clave para anticiparse a problemáticas socio-ambientales locales y regionales, y para generar sistemas de movilidad urbanos que favorezcan la convivencia y el bienestar común.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]